El regimen de Daniel Ortega ha encarcelado al menos a 37 opositores, incluyendo siete candidatos presidenciales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó ayer al Gobierno de Nicaragua de desacato por no cumplir las medidas adoptadas por el organismo respecto a la liberación de más de 20 presos políticos.
Así, las posiciones adoptadas por el presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, constituyen un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por el ente, a la par que va en contra del principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, según los medios locales.
El organismo internacional ya trasladó, en hasta tres resoluciones, la necesidad de que Nicaragua libere a los presos y ahora avanzó que someterá a consideración de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) este desacato al que acusa a la nación centroamericana.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), esta decisión de la Corte de someter ante la OEA "no tiene precedentes recientes" y nace del "incumplimiento" del Gobierno de las resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
"Para Cenidh, esta resolución evidencia el empeño de los organismos del sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos de los nicaragüenses, víctimas del régimen Ortega-Murillo", afirman en un mensaje publicado en sus redes sociales.